Pistas para una política económica social
Este articulo son parte del publicado en la revista Viento Sur
La crisis es profunda, todo el mundo
lo reconoce, aunque sin medir realmente su amplitud y lo que ella implica. Esta
crisis consiste ante todo en una pérdida considerable e irreversible de
producción, de empleos y de productividad, en resumen un cambio de rumbo
duradero en comparación con la trayectoria anterior. A esto se añade el hecho
de que los rentistas no hayan "asumido sus pérdidas" y que se haya
acumulado así un considerable stock de deudas. En el fondo, esta crisis es
también la de un modo particular de funcionamiento del capitalismo al que
resulta inconcebible volver. Sin embargo, las políticas que se llevan a cabo
hoy día en Europa se orientan a restablecer por la fuerza ese modo de
funcionamiento, sirviéndose de la crisis para hacer tragar las reformas
estructurales que equivalen a una regresión desde el doble punto de
vista de los gastos sociales y de las condiciones de la gente asalariada.
Hay que invertir los fines y los
medios y empezar diciendo cuáles deberían ser esos objetivos.
Se pueden resumir sencillamente así:
asegurar a todas y a todos un empleo y/o una renta decentes, garantizar el acceso
a servicios públicos de calidad y, se podría añadir también, un planeta
decente. El método bueno consiste en partir de la definición de los objetivos y
en utilizar todos los medios del poder político para conseguirlos.
Se puede desarrollar esta lógica
partiendo de la cuestión central que hoy día es el empleo. Desde este punto de vista,
el futuro es sombrío: según la Comisión Europea, la tasa de paro debería pasar
del 10,8% en 2013 al 11% en 2015, y del 12,1% al 11,7% en el conjunto de la
zona euro. En estas condiciones cuesta entender cómo prever un retroceso
significativo del paro masivo en los próximos años. Ya va siendo hora de que se
haga de la vuelta al pleno empleo la prioridad de las prioridades. Pero ocurre
que las dos únicas pistas posibles son completamente contrarias a lo que se
aplica en estos tiempos: la reducción del tiempo de trabajo y el Estado como
empleador en última instancia.
Un cálculo sencillo demuestra que un
millón de empleos públicos pagados al salario medio costaría al Estado
16,4miles de millones de euros, cifra a comparar, por ejemplo, con los millones
de euros concedidos a las empresas sin tener ninguna garantía de creación de
empleos.
El segundo gran cambio sería recuperar
la reducción del tiempo de trabajo en el sector privado. La reducción de la jornada
de trabajo, al contrario de lo que afirma el discurso patronal, se ha mostrado
eficaz. Entre 1997 y 2002 se crearon cerca de dos millones de empleos y la
curva del empleo franqueó un escalón espectacular que no se ha vuelto a
descender después.
Para poner en marcha dicha orientación
y salir de la crisis por arriba, habría que recuperar una buena fórmula de Patrick
Artus: "aceptar un rendimiento menor de las inversiones, una
rentabilidad más débil del capital". Este principio, abstracto aunque
profundamente justo, permite medir la amplitud del desafío. Y se podría
completar repitiendo que no es posible ninguna alternativa si no se levanta la
hipoteca de la deuda y se deja intacto el reparto
de las rentas. Las rupturas necesarias
tiene por tanto dos objetivos principales, aunque en el fondo es sólo uno: actuar
sobre los privilegios acumulados por una capa social reducida y cuyo mantenimiento
viene de alguna medida garantizado constitucionalmente por las instituciones y
los Tratados europeos.
Estos tres "niveles" deben
estar presentes desde el primer momento, aún considerando los diferentes
ritmos. Así, la revalorización del Salario Mínimo y de las ayudas sociales se
puede y se debe adoptar de inmediato. Pero no es en sí suficiente, y se debe
combinar con la puesta en pie de un modo de satisfacción no mercantil de los
servicios sociales. Tomemos el ejemplo de la vivienda: es sabido que la
explosión de los alquileres es una de las principales causas de la degradación
del nivel de vida. En estas condiciones, ¿hay que vincular los salarios a los
alquileres o sería mejor limitar estos últimos y emprender un programa de
construcción de viviendas? Está claro, hay que pasar de una lógica de
preservación inmediata del poder de compra a una lógica de oferta de viviendas
a precios decentes, aún sabiendo que no puede tener efectos instantáneos.
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